Activistas aseguraron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las” estigmatizaciones” del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos “son propiciadoras” de ataques a estos colectivos.
Así lo expuso la integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de México, Lucía Lagunes, en una audiencia virtual organizada por la CIDH sobre esta materia a petición del Consejo Consultivo.
“Si bien no se puede relacionar de manera directa que estos ataques desde la tribuna de la (conferencia) mañanera son responsables de los asesinatos a periodistas y personas defensoras, lo cierto es que, (para ellas), estas estigmatizaciones son propiciadoras de los ataques. letales”, expuso.
Estas palabras llegan en medio de la polémica desatada por López Obrador al mostrar, durante su conferencia del jueves pasado , el número de teléfono de la corresponsal de The New York Times en México, Natalie Kitroeff , a raíz de un reportaje que denunciaba presuntos vínculos entre el mandatario y el narcotráfico.
En opinión de Lagunes, “ha sido una constante la estigmatización” desde la llegada del actual Gobierno federal, en 2018, y puso como “ejemplo más cercano” la revelación del celular de Kitroeff.
Subrayó que la situación se “recrudece” en el caso de las mujeres activistas, quienes, “en ocasiones, se han convertido en foco de ataque de los más altos niveles de Gobierno”.
En esta misma línea se expresó la presidenta del Consejo Consultivo, Silvia Chica, que identificó la “mayor criminalización por parte de las autoridades” como uno de los “escenarios de riesgo más preocupantes” que tiene que abordar el Mecanismo de Protección.
Destacó el caso de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas, por su “nivel de exposición al riesgo” durante las búsquedas y la “desestimación” hacia ellas por parte de las Administraciones mexicanas.
En su intervención, el representante adjunto y oficial de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), Jesús Peña, explicó que, entre algunos de los retos en este ámbito, destaca el de “prevención de ataques por servidores públicos”.
Según cifras que él mismo aportó, el 55 por ciento de los “presuntos perpetradores identificados” de ataques contra los periodistas y defensores de derechos humanos son trabajadores de la Administración.
“Ética humanista” del Gobierno mexicano Por su parte, la representante de la Secretaría de Gobernación mexicana Nancy Desiderio puso en valor la “ética humanista” transversal en el Ejecutivo liderado por López Obrador, aunque evitó abordar las críticas hechas.
“Desde el Gobierno de México, reconocemos la importancia fundamental de salvar la vida, integridad, libertad y seguridad de todas las personas que se encuentran en situación de riesgo derivada de la promoción y defensa de los derechos humanos”, recalcó.
Valoró positivamente la involucración de la Administración en el Mecanismo de Protección, nacido en 2012, y el aumento “significativo” de su presupuesto durante el actual sexenio, “lo que demuestra el compromiso de fortalecimiento en la protección” de activistas.
“Es muy difícil, para nosotros, entender lo que se nos dice que, bajo la libertad de expresión del presidente, este puede denostar la labor de periodistas y de organizaciones de la sociedad civil”, respondió Chica.
Ante esta problemática, tanto los integrantes del Consejo Consultivo como el representante de la ONU-DH México coincidieron en la necesidad de crear una “política de Estado integral” que garantice el ejercicio de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos.
