El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multó al actor José Eduardo Verástegui Córdoba con 144 mil 94 pesos, y aprobó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del exaspirante presidencial por la vía independiente, por presuntamente recibir aportaciones prohibidas desde el extranjero de una organización religiosa.
Al discutir este lunes los informes de fiscalización de los aspirantes independientes a la presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados, el Consejo General del INE multó a Verástegui por 144 mil 94 pesos por irregularidades en su informe de gastos para obtener firmas de apoyo ciudadano.
A propuesta del consejero Martín Faz, y por unanimidad de los consejeros, el Consejo General aprobó que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral inicie un procedimiento oficioso, toda vez que en las cuentas de Verástegui se encontraron casi 7 millones de pesos de transferencias desde el extranjero, algo prohibido por la Constitución y por el artículo 380 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El consejero Martín Faz precisó que entre octubre y diciembre del 2023, Verástegui recibió 390 mil dólares, es decir, 6.9 millones de pesos, para impulsar sus aspiraciones de obtención de firmas de apoyo de la ciudadanía.
Ejemplificó que en diciembre recibió transferencias por 75 mil dólares de una consultora política con sede en Miami, llamada Partner 305 LLC.
El aspirante aseguró que los ingresos eran propios y exhibió una cuenta bancaria en el extranjero a su nombre desde la que se hicieron las transferencias. Alguna de esta información fue testada por el aspirante con el argumento de seguridad propia, por lo que no fue posible observar el saldo promedio ni balance de la cuenta.
Además, el consejero Faz mencionó que Verástegui también pudo haber recibido aportaciones de un ente prohibido, debido a la entrevista que le hizo “El Mundo Católico TV”, una comunidad católica con una misión de evangelización digital que habría utilizado sus dogmas de fe para apoyar al exaspirante independiente.
“Estamos ante un caso que podría no sólo constituir una aportación de una entidad prohibida por la normatividad electoral, sino ante una posible intervención de extranjeros”, dijo el consejero.
Por todo esto, ahora la UTC, la UIF y el SAT deberán realizar sus propias investigaciones.
