Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, cuestionó una campaña en su contra en redes sociales tras la publicación del reportaje de ProPública que lo vincula con un presunto financiamiento del narcotráfico en su campaña electoral de 2006.
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador cuestionó que dicha campaña, la cual estuvo acompañada con un hashtag, tuvo un alcance de 170 millones de vistas.
“Luego de que aparece esto, viene el mensaje, el hashtag #NarcoPresidente. Lo repito: tuvo 170 millones de vistas, y más de la mitad de las vistas supuestamente se dieron en Argentina, en Colombia y hasta en Holanda (Países Bajos)”, señaló este viernes en el Salón Tesorería.
¿Quién tiene un aparato de bots, de robots? Porque 170 millones para un mensaje así, 170 millones de vistas, y el doble de los que vieron en México, quiere decir que en México fueron 80 millones, un poco más, ¿Cómo? ¿Qué organización?”, cuestionó.
“Esto lo tenemos que ir enfrentando, y que los jóvenes vayan conociendo todos estos mecanismos de control, de manipulación, porque dañan mucho”, argumentó el tabasqueño.
El mandatario mexicano recalcó que “la derecha del bloque conservador, es una internacional financiada por grupos hegemónicos, tiene ese instrumento, lo usan, ya no se requiere organizar manifestaciones, mucho menos hacer uso de la violencia, es utilizar medios supuestamente de información para manipular”.
López Obrador descartó emprender acciones legales contra el periodista Tim Golden y contra el medio ProPública, tras la publicación del citado reportaje el pasado 31 de enero.
“No, no, no, no, es mejor el debate abierto, porque esto ayuda más, que se transparente, porque tenían engañados a muchos personas”, indicó.
Un reportaje del portal ProPublica, con fuentes de la agencia estadounidense antidrogas (DEA), señaló que el Cártel de Sinaloa habría aportado dos millones de dólares a la fallida campaña de López Obrador en las elecciones de 2006, algo que el mandatario ha calificado desde entonces como una “calumnia”.
Una fuente familiarizada confirmó que el Departamento de Justicia estadounidense llevó a cabo una indagación hace 13 años que condujo bajo el “protocolo de manejo de investigaciones internacionales sensibles” y que acabó cerrando.