El proyecto de reforma al Poder Judicial que presentará el lunes 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador considera la eliminación de dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como la reducción de 11 a 9 el número de ministros.
Así lo dieron a conocer medios nacionales que tuvieron acceso al documento, mismo que será enviado a la Cámara de Diputados para su dictamen, discusión y, en su caso, aprobación.
De acuerdo con el diario Reforma, la iniciativa insiste en la elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto popular, para junio de 2025, en una fórmula en la que las propuestas provendrán de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con 10 nombres por cada cargo a elegir.
Señala que los ministros, que serán 9 en lugar de los 11 actuales, durarán en su encargo 12 años y no de 15, y su renovación se dará de forma escalonada, cada tres años.
La reforma también incluirá, según el diario, la prohibición expresa para que el Poder Judicial pueda dictar suspensiones con efectos generales en leyes controvertidas, como ocurrió en el caso de la reforma en materia eléctrica.
Igualmente, prevé sanciones para los ministros que no resuelvan asuntos fiscales en seis meses. La propuesta tiene como antecedente la queja del gobierno federal contra el ministro de la SCJN, Luis María Aguilar, por demorar más de ocho meses la revisión del expediente de la empresa Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, a la que el gobierno federal reclama más de 25 mil millones de pesos.
El proyecto del presidente desaparece el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presidido por la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, quien no tiene una buena relación con el Ejecutivo, a diferencia de su antecesor, Arturo Zaldívar, actualmente miembro del equipo de la aspirante presidencial morenista Claudia Sheinbaum.
En lugar del CJF se propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que impondría sanciones a la actuación de los jueces -incluida la potestad de solicitar juicio político contra los ministros de la SCJN– y otro organismo dedicado a la administración del Poder Judicial.
La semana pasada, el grupo parlamentario de Morena anunció que buscará el juicio político del ministro Alberto Pérez Dayán, por utilizar su voto de calidad como presidente de la Segunda Sala, para invalidar una parte de la Ley de la Industria Eléctrica. A ese respecto, la vicecoordinadora morenista Aleida Alavez dijo que se impulsaría una reforma para eliminar el llamado voto de calidad.
A finales de enero, el presidente López Obrador respaldó la denuncia que presentó la Secretaría de Gobernación (Segob) contra el juez de distrito de Tamaulipas, Crescencio Contreras Martínez, -a quien se busca llevar a juicio político- por presuntamente favorecer a grupos criminales.
Del mismo modo, el proyecto de reforma judicial elimina el pago de haberes de retiro para los ministros que sean relevados del cargo y los que en lo sucesivo sean electos, lo que implica la salvaguarda de dichos recursos para quienes actualmente cuentan con ellos.
Según reporta el diario El Economista, los magistrados y magistradas de Circuito, así como los jueces y juezas de Distrito, durarán en sus cargos durante nueve años y podrán reelegirse por uno o más períodos.
El proyecto establece que ningún integrante del Poder Judicial de la Federación podrá ganar más que el Presidente de la República.
