Autoridades dejan sin investigar los casos de ausencia de mujeres argumentando que esta fue voluntaria y que la víctima era mayor de edad.
Consultadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, activistas y especialistas aseguraron que las fiscalías tendrían que proceder con perspectiva de género al localizar a una mujer reportada como desaparecida, para corroborar mediante seguimiento que no es víctima de un ilícito.
Fue el caso de Montserrat Juárez, víctima de feminicidio el 22 de septiembre. Para sus padres, la muerte de la joven pudo evitarse si las autoridades del Estado de México y de la CDMX hubieran actuado conforme a los protocolos de búsqueda.
La constante era ‘es que es mayor de edad, tiene derecho a hacer su vida’ y esas frases donde quiera. Es feo (que) uno va con su pena, con su dolor y que te salgan con eso, si mi niña estaba incomunicada, ¿cómo va a ir a denunciar, aun siendo mayor de edad?”.
Armando Juárez, padre de Montserrat
Montserrat, asesinada dentro de un departamento de la Alcaldía Miguel Hidalgo, presuntamente, por su novio, Sean, y el padre de este —ambos ya detenidos—, había sido reportada como desaparecida desde junio de 2022 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). En mayo de este año, ella había acudido ante la dependencia para pedir que se desactivara su búsqueda.
De acuerdo con su familia, lo hizo bajo amenaza, pues presentaba golpes en la cara, se encontraba más delgada de lo normal y había sido acompañada por un supuesto abogado. Sin que la revisara un médico legista y sin que se le cuestionara por las lesiones, la dejaron ir.
Tras esto, autoridades intentaron desalentar a Rosa Icela Gómez y Armando Juárez, padres de la joven.
Los funcionarios se escudaron en la mayoría de edad de Montserrat para deslindarse de continuar con las indagatorias.
“La constante era ‘es que es mayor de edad, tiene derecho a hacer su vida’ y esas frases donde quiera. Es feo (que) uno va con su pena, con su dolor y que te salgan con eso, si mi niña estaba incomunicada, ¿cómo va a ir a denunciar, aun siendo mayor de edad?”, cuestionó Armando.
El fin de semana del 22 de septiembre, Sean y su padre, César Bernardo, fueron captados por una cámara de vigilancia cuando trasladaban el cuerpo de la joven desde el departamento en la Colonia Anáhuac hacia una funeraria donde este sería cremado.
De acuerdo con las indagatorias, intentaron hacer pasar el asesinato como muerte natural, para lo cual fueron apoyados por dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes cobraron por mentir en el informe en el que aseguraron haber dado aviso al Ministerio Público y por contactar a un médico que expidió un certificado de defunción.
“Hubo muchos momentos donde la autoridad pudo haber actuado y no lo hizo”, reprochó Rosa Icela.
URGEN A ASUMIR PERSPECTIVA DE GÉNERO
Para activistas, la actuación de las autoridades deja todavía mucho que desear.
“Desde ese momento en el que las familias se dan cuenta de que ya no está siendo la misma rutina a la que están acostumbradas con sus hijas, hijos o familiares, desde ahí, es una alerta y hay que denunciar”, señaló Carmen Zamora, de la colectiva feminista Ehécatl.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señaló la importancia de atender los casos en los que jóvenes son privadas de su libertad por sujetos que las contactan por redes sociales. Subrayó que es fundamental que las autoridades determinen si la persona no se encuentra bajo amenaza al asegurar que su ausencia es voluntaria y no sólo descartar la indagatoria del caso
