Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- Diputadas y diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron ayer una acción de inconstitucionalidad contra la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Los priistas Rubén Moreira y Marco Antonio Mendoza informaron que esta acción fue firmada por legisladoras y legisladores de los partidos que conforman el Frente Amplio por México, al considerar que es necesaria para fortalecer la democracia y detener el debilitamiento de la impartición de justicia generado por la extinción de estos fideicomisos.
El coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, afirmó en un comunicado que esta acción es necesaria para fortalecer la democracia y detener el debilitamiento de la impartición de justicia que se genera con la extinción de los fideicomisos.
Recalcó que es importante mantener los recursos necesarios para la capacitación, y seguridad de jueces y magistrados; para la infraestructura de nuevas salas; así como para dar a los trabajadores lo que les corresponde por los ahorros que ellos generaron y que se les desaparece.
Por su parte, el Diputado Marco Antonio Mendoza aseguró que detrás del intento por desaparecer los fondos, está una “maniobra para debilitar al Poder Judicial”, por lo que destacó la acción de inconstitucionalidad, ya que el “ataque y vulneración se combatirá” con el recurso que se presentó.
Asimismo, reiteró el apoyo irrestricto a la gestión de la Ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, quien, dijo, es “una mujer que ha sabido conducir al Poder Judicial, pilar de nuestra democracia”.
Las y los diputados del PRI detallaron que la acción responde a que en el proceso legislativo que se siguió para aprobar el decreto impugnado, se cometieron violaciones dado que se aprobó en el pleno del Senado un acuerdo por el que se modificó la integración de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, sin que existiera el quórum requerido, lo que afectó el derecho a la representación, participación y a la legalidad.
Además, en la argumentación subrayaron que el decreto “viola el principio de división de poderes por limitar la autonomía presupuestaria y técnica del Poder Judicial Federal”, con lo que “se pone en riesgo la garantía de justicia, ya que se genera una intervención injustificada para regular su propio gasto y se dificulta la toma de decisiones para que el órgano pueda cumplir eficazmente con su labor”.
También aclararon que “hay fideicomisos que están integrados por aportaciones voluntarias que, al devolverse a la Tesorería de la Federación, actualizan una confiscación, pues son bienes de los particulares”, entonces al no hacer “el debido ajuste en la Ley para regresarle a los trabajadores sus aportaciones, existe una apropiación de sus recursos, sin recibir nada a cambio, convirtiéndose en un castigo a un sector de servidores públicos”.
“De no concederse la medida, se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos, ocasionando con ello daños irreversibles para las personas que laboran en el Poder Judicial de la Federación”, destacaron en el documento.
