Si detecta ilegalidades, tiene que clausurar las obras, integrar una investigación y determinar quiénes son los responsables; un juez determinó parar cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos: 3, 4, 5 y 6 de ese proyecto prioritario del gobierno federal, señala Gustavo Alanís, presidente de CEMDA.
El presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Gustavo Alanís Ortega, llamó a los funcionarios y trabajadores del proyecto Tren Maya a respetar la resolución del Juez Primero de Distrito en Yucatán, quien hace unos días otorgó una suspensión definitiva para que pare cualquier acto de tala o desmonte en los terrenos que comprenden los tramos: 3 (Calkiní – Izamal), 4 (Izamal-Cancún) 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen) y 6 (Tulum-Chetumal) de ese proyecto prioritario del gobierno federal, pues, de lo contrario, no solo podrían ser sujetos de sanciones, sino incurrir en delitos ambientales.
Asimismo, solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que verifique lo que ocurre en la zona y, si detecta ilegalidades, clausurar las obras, integrar una investigación y determinar quiénes son los responsables.
En entrevista, comentó que tuvieron que pasar 18 meses para que se llegara a esa resolución y no fue fácil pues el juzgado perdió las pruebas que habían presentado comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad civi. Luego, no encontraban las identificaciones presentadas por los denunciantes y el expediente electrónico en algún momento no estaba completo, entre otras irregularidades.
Sin embargo, mencionó que ahora lo importante es que la resolución del juez señala que no se debe permitir la remoción de vegetación forestal en las áreas que se encuentren fuera de las zonas de las autorizaciones con cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
En ese sentido, el activista recalcó que la afectación forestal no se está limitando a ese número de hectáreas. “Se están extralimitando a lo que les dieron”.
El fallo del juez hace referencia a tres resoluciones de cambio de uso de suelo: una del 15 de diciembre de 2022, una del 31 de enero de 2023 y una del 17 de abril de 2023.
“Por lo menos falta una y posiblemente se están yendo mucho más de eso”, dijo Alanís Ortega.
Además, dijo que si bien se dieron algunas autorizaciones para el cambio de uso de suelo, no se dieron todas las que debieron expedirse para cubrir el área que están afectando con ese proyecto.
Las manifestaciones de impacto ambiental asociadas al proyecto, señalan que sólo se solicitará el cambio de uso de suelo de 6,608.37 hectáreas.
Alanís Ortega destacó que en caso de que las autoridades no suspendieran los trabajos caerían en un desacato a una resolución judicial y en estos casos el juez puede extender una multa por el no cumplimiento, auxiliarse de la fuerza pública para que se cumpla con la determinación o bien presentar al infractor ante el Ministerio Público, por la posible comisión de algún delito.
También destacó que si no se atiende el fallo del juez se estaría ante la comisión de un delito ambiental. Concretamente el artículo 418 del Código Penal Federal habla de que se imponga una multa y prisión a quien desmonte ilícitamente la vegetación natural o al que cambie el uso de suelo de manera ilícita, precisó.
