El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se tuvieron que clasificar como de seguridad nacional algunas obras prioritarias en el sureste mexicano ante los amparos que algunas organizaciones están promoviendo.
En la conferencia matutina de palacio Nacional, el mandatario mexicano dejó en claro que esta medida de su gobierno no obedece a que se quiera ocultar información sobre estas obras.
“Dicen es que no quiere el presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya, porque hay negocios o hay corrupción’, no, no somos iguales, nosotros no somos corruptos, yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, además engañan a la gente porque son personas inmorales, sin escrúpulos”, dijo.
“El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar, pero engañaron y como hay mucha gente que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros, que les digan algo acerca de nosotros aunque sea mentiras, ‘tú miente que me gusta, se trata de Andrés Manuel o de AMLO, o del Peje, creo todo lo que me digas’, entonces no hay ninguna disposición legal para negar información, pero es parte de la propaganda en contra decir ‘no quieren que se sepa nada’, no”, indicó.
“Pero sí tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras como ha sido su intención, no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo, y tenemos que blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público, imagínense los beneficios para el gene del sureste, cancelados por el capricho de estos fifís corruptos, entonces tomamos la decisión, el Consejo de Seguridad Nacional, de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público, y eso fue lo que se hizo. ayer”, indicó.
El tabasqueño aseveró que se están promoviendo amparos contra estas obras “están recibiendo financiamiento del Gobierno de los EE.UU. y eso lo podemos probar”.
López Obrador emitió el jueves por la noche un decreto en el que se apunta que la construcción, funcionamiento y operación de “obras prioritarias” como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y de tres aeropuertos, son seguridad nacional e interés público.
Una segunda razón fue que la la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, contrató en el Poder Judicial a Sonia Vargas Terreros, quien se desempeñó como diectora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía federal Preventiva en tiempos de Genaro García Luna, declarado culpable de narcotráfico en los EE.UU.
“¿Cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? Tenemos que poner por delante el interés general y ese es mi trabajo y ofrezco disculpa por las molestias que causa, pero tengo que defender el interés público, no puede estar el interés personal por legítimo que sea, por encima del interés público”, externó.
El decreto de López Obrador fue prácticamente una respuesta a la Suprema Corte que horas antes había invalidado el decreto del presidente mexicano que declaraba sus obras prioritarias como de “seguridad nacional”, reservaba información e impedía cualquier obstrucción legal para frenarlas.
Este jueves, en la edición vespertina del DOF, López Obrador publicó el nuevo decreto.
“Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, indicó en una primera parte el texto.
“Y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa de este decreto”, añadió el decreto.
“En el fallo previo, la SCJN “declaró inconstitucional el acuerdo del Poder Ejecutivo que declaraba obras y proyectos como de interés público y de seguridad nacional, por transgredir el derecho de acceso a la información”.
La resolución, que se aprobó por una mayoría de 8 ministros de 11, devino de una controversia constitucional del órgano de transparencia mexicano, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Con este fallo, se quitaba el blindaje contra amparos y solicitudes de información que había emitido el mandatario mexicano en noviembre de 2021 para sus megaproyectos definidos como “prioritarios y estratégicos”
