Si le entregas el banco de sangre a Drácula, bajo un acuerdo basado en la confianza de que no se la tomará, o estás en un estado de ingenuidad o en complicidad con aquel personaje mítico que vive precisamente de chupar sangre.
Hay lugar para la analogía, si recordamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en octubre del año pasado, con el propósito de reforzar el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), firmó un acuerdo con los principales corporativos privados dedicados a la importación y comercialización de alimentos, en el que les ofrece barra libre de aranceles para que importen los bienes, en la confianza de que con ello ayudarían a que los precios al consumidor no se incrementen. El plan no rindió los frutos esperados. Drácula se tomó la sangre.
Los alcances del acuerdo contra la inflación, no fueron ambiciosos, pero sí sirvieron para que los grandes importadores pusieran hasta el tope y más, todo su sistema nacional de almacenamiento. En octubre del año pasado habían dicho que el objetivo inmediato era reducir en 8 por ciento el precio promedio de 24 productos contemplados en la canasta básica. A siete meses transcurridos después del acuerdo, la canasta básica se mantiene a la alza y no ha descendido de las alturas alcanzadas desde los inicios del año pasado.
Las estimaciones de organismos como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, es que pese al lanzamiento del PACIC la canasta básica de los mexicanos ha subido más de un 60 por ciento, en menos de un año. Esto incluye tortillas, pan, leche, huevos, arroz, frijol, pastas, entre otros productos de consumo básico. Los incrementos en los precios del huevo son exponenciales. Un producto que había sido durante muchos años, una fuente relativamente accesible de proteína para la población, ahora su precio creció en más del 150 por ciento.
Los apoyos bimensuales otorgados por el gobierno para los adultos mayores, han sido devorados por estas alzas y el fantasma del hambre empieza a ganar terreno en las zonas pobres del país. Según datos aportados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 20 por ciento de los hogares mexicanos registran una inseguridad alimentaria severa. De acuerdo al Índice Mundial del Hambre, México, durante los últimos cuatro años, se ha alejado significativamente de la meta que se propone hambre cero. Estos índices, determinan el hambre en una escala de cien puntos, donde cero es el indicativo de que el país observado no tiene hambre y cien es la condición peor.
En los últimos cuatro años, México ascendió al lugar 42, habiendo ocupado el lugar 23, en su proceso de alejamiento del compromiso de hambre cero establecido para el 2030. Pero lo peor no son las estadísticas que caminan a favor del hambre, sino las desconcertantes acciones del gobierno federal quien le entrega, sin regulación alguna, el mercado de los alimentos a los grandes importadores, e internamente abandona a los productores nacionales de maíz y trigo que enfrentan, para las cosechas en curso de ambos granos, caídas estrepitosas en los precios e incrementos desmesurados en los costos de producción.
Estamos frente a una política antiinflacionaria contraproducente, porque lo peor del procedimiento no es solo el fracaso reflejado en el incremento irrefrenable en los precios de la canasta básica, sino la decisión manifiesta del gobierno federal de no proteger a los productores nacionales de granos básicos, a quienes el discurso presidencial desprecia con descalificativos clasistas, acusándolos de “ricos y machuchones”, mientras se abraza con los corporativos privados que inundan el mercado nacional de productos alimenticios importados, provocándole con ello dumping a los productores nacionales.
Como resultado de tales políticas, las regiones graneleras del país, al no recibir los apoyos federales para compensar las pérdidas por la caída en los precios internacionales, sufrirán heridas considerables y un buen segmento de productores caerá en carteras vencida, porque además de los incrementos en los costos de producción se han disparado los costos financieros como consecuencia de las alzas en las tasas de interés. Todo plan anti inflacionario que solo se remita al mercado y choque contra la producción nacional de alimentos, es por sí mismo un despropósito.
No es que el gobierno federal ignore el contra sentido de su política antiinflacionaria, lo que ocurre es que carece del necesario atrevimiento para corregir las fallas sistémicas de la política de precios impuesta a los granos básicos con la firma del TLCAN y luego ratificada en el T-MEC. La Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, se ha encargado de confesarlo en forma diáfana, quien a principio del mes de mayo dijo: “No se impondrán aranceles al maíz, se respetarán los Acuerdos Internacionales y, por el contrario, el gobierno impulsa una política de cero aranceles a productos de la canasta básica para combatir los efectos de la inflación global…”
En su plan antiinflacionario el gobierno ha elegido como aliado a los grandes comercializadores y desprecia, desprotege y denosta a los productores nacionales de granos básicos. Vaya manera de matar a la gallina de los huevos de oro y profundizar las vulnerabilidades de México ante el fantasma del hambre que diezma al país y recobra fuerzas para recorrer el mundo.
