Hace un mes la opinión pública se estremeció con la muerte de Norma Lizbeth, una joven de 14 años que fue golpeada por una de sus compañeras. Un año antes, Juan, un joven otomí de Querétaro, también de 14 años, fue atacado por varios de sus compañeros, quienes le prendieron fuego mientras grababan la brutal agresión con su celular. En Guanajuato, un muchacho se disparó en la mano cuando llevó una pistola a la escuela. En 2013, un niño de 9 años se suicidó en Cancún a causa del acoso que sufría en la escuela y aquel mismo año, los restos de los adolescentes Luis Antonio Ortiz y Andrés Barba, de 15 años, fueron encontrados en Jalisco. La Fiscalía apuntó que el móvil del crimen fue una venganza por haberse burlado de uno de sus compañeros, hijo de un narcotraficante. “Más de 30 millones de niños y adolescentes sufren bullying en México”, afirma Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe. La mayoría de los expertos en derechos de la infancia aseguran que no se trata de casos aislados, sino que estamos ante la punta del iceberg.
Un problema de normalización de las agresiones al interior de las aulas, reflejo de la ola de violencia generaliza que vive México en todo el país y que se agravó desde que comenzara la guerra contra el narcotráfico, hace casi 20 años. “Los niños no nacen violentos, se vuelven violentos porque reproducen social y culturalmente su vivencia familiar y comunitaria”, señala Pérez. Ante la falta de datos oficiales sobre el acoso escolar a nivel nacional, las organizaciones se apoyan en cálculos a partir de otras fuentes de información.
Por ejemplo, que uno de cada tres estudiantes en el mundo sufre acoso escolar, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco). Según la prueba PISA, con la que se miden los conocimientos y el ambiente en el que se desarrollan los estudiantes de la OCDE, el 23% de los alumnos mexicanos señalaron vivir bullying. Un dato respaldado también por la Consulta Infantil y Juvenil que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) en la que en torno del 15% de los estudiantes señalaban ser víctimas de acoso escolar y un 28% de discriminación en la escuela. Normalmente, la violencia física suele ir acompañada por otro tipo de discriminación por su color de piel, por su poder adquisitivo y por su orientación sexual. “En la literatura, en términos de psicología educativa, se señala que todos los niños y niñas agresores han sido víctimas de violencia intrafamiliar y escolar en algún punto”, comenta el especialista.
Pérez señala que a la violencia física se suman otras dos modalidades de acoso. Por un lado, el acoso cibernético o ciberbullying y por otro, el acoso sexual, enfrentado en su mayoría por niñas y adolescentes. En 2021, el 21,7 % de la población usuaria de internet mayor de 12 años vivió alguna situación de acoso cibernético, según datos del Inegi. En total, 17,7 millones de personas de las que 9,7 millones fueron mujeres y 8 millones fueron hombres.
A esta situación se sumó el regreso a clases después de la pandemia de covid-19. Después del encierro, vino otra pandemia de salud mental. “En México y Brasil, por ejemplo, donde los niños no fueron de manera presencial durante un año y medio las afectaciones a la salud mental fueron enormes. Se han incrementado la ansiedad, la depresión, los suicidios, la depresión y el consumo de sustancias”, apunta el coordinador de Tejiendo Redes Infancia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que el acoso escolar puede provocar todos estos padecimientos de salud mental, fracaso escolar, depresión e incluso la muerte.
Ante un problema tan urgente, los especialistas exigen a los gobiernos que construyan una estrategia nacional contra el bullying y políticas públicas integrales. Por ejemplo, Pérez señala la gravedad de que desaparezca el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en la mira de la actual Administración del presidente López Obrador. El mandatario ha propuesto la eliminación del organismo y que sea absorbido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). “Lamentablemente, no hay una política pública de la Secretaría de Educación ni de la Secretaría de Salud para acompañar los temas de salud mental entre estudiantes”, agrega el experto.
Los maestros y personal educativo se quejan de tener que afrontar un problema tan complejo con recortes presupuestarios, falta de preparación y saturación en las aulas. “Desde el arranque en 2018 de este Gobierno se ha recortado por lo menos un 30% del presupuesto y de 43 programas que tenía la SEP, solo quedan 17. Entre 2014 y 2021, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibió 6.252 quejas por bullying. Además, en el mismo periodo, la dependencia registró 16.649 llamadas en la línea de atención telefónica al acoso escolar, de acuerdo a datos publicados por el diario Expansión.
Juan Martín Pérez reclama que, hasta el momento, las autoridades han tratado la violencia escolar en México como un puñado de casos aislados o, como “un problema de niños malos y de familiares irresponsables” que se resuelve con penas de cárcel más elevadas. Sin embargo, asegura que la alternativa está en involucrar a los propios niños y adolescentes en una cultura de paz para que ellos mismos sean mediadores de los conflictos que pasan dentro de sus colegios. “Los niños y niñas y adolescentes siguen invisibles y tenemos que escucharlos más. No solo para que hablen de su dolor y sus frustraciones, sino para conocer cuáles son sus sueños y sus expectativas”, zanja.
