La Cámara de Diputados aprobó, con 319 votos a favor y 126 en contra, una reforma de la ley que tipifica como delito el desvío de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas como el fentanilo con hasta 15 años de prisión. La iniciativa presentada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, contó con los votos favorables de Morena, el Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Falta que el proyecto pase en el Senado, donde Morena y sus aliados tienen mayoría.
El proyecto señala que a través de la coordinación interinstitucional se buscará prevenir, detectar y evitar el desvío de los productos químicos esenciales para la fabricación de cápsulas, tabletas o comprimidos para la fabricación de drogas sintéticas. La medida llega semanas después de que el Gobierno mexicano y Estados Unidos acordaran reforzar la vigilancia en las aduanas para combatir el tráfico de fentanilo y de que se dispararan las tensiones entre ambos países en medio de la profunda crisis de salud pública que se vive en EE UU por el consumo de opioides.
El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, ha celebrado estos martes la aprobación de la medida. “Es importantísima. Fue impulsada por el Ejecutivo porque hace varios cambios que van a facilitar el control de drogas”, ha asegurado durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. “Lo que busca es flexibilidad, que nuevas formulaciones de precursores químicos que se encuentra comúnmente puedan ser vigiladas”, ha agregado. De acuerdo a las palabras del subsecretario toda la industria farmacéutica estará obligada a vigilar el uso de estos precursores y notificarlo a la Cofepris en una plataforma en la que también estará incluida la Secretaría de Marina (Semar).
La reforma señala que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Guardia Nacional (GN), cooperarán para prevenir, detectar y evitar el desvío de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas, bien sea en cápsulas, comprimidos o tabletas. Quien sea acusado de tráfico de estas sustancias se le impondrán penas de 10 a 15 años de prisión y una multa equivalente al 10% de los ingresos obtenidos por dichas actividades. A la persona que tenga en posesión precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas para elaborar cápsulas, tabletas, o comprimidos en territorio nacional, se le castigará con una pena de siete a 10 años de prisión y una multa de 1.000 a 5.000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
A favor de la propuesta, la diputada de Morena, Rosa Hernández Espejo, señaló que es “urgente tomar medidas al respecto y fortalecer acciones de fiscalización y medidas de vigilancia, control y verificación de productos químicos, a fin de combatir la generación de laboratorios fabricantes de drogas sintéticas”. Emmanuel Reyes Carmona, su compañero de partido, agregó que la iniciativa ayudará en el combate al crimen organizado y al tráfico de drogas.
Para hablar en contra, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Movimiento Ciudadano, dijo que la reforma elimina el Consejo General de Salud y pasa sus funciones a Secretaría de Salud con graves consecuencias, falta de análisis en todos los aspectos y pone en riesgo la producción de medicamentos especializados, algo que podría afectar las operaciones de empresas que los fabrican, la continuidad de los tratamientos, el desabasto y el aumento del costo de los mismos. Además, que criminaliza todo el proceso de fabricación al sobreregularlo. Su compañero de partido, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, compartió este punto y considera que se trata de “un marco punitivo para sustancias que deben ser legales y reguladas”. Manifestó su preocupación por la producción ilegal y el consumo de fentanilo ilegal y señaló que es necesario ampliar el aparato del Estado para regular y ser efectivos en su combate.
La diputada del PRI Frinné Azuara Yarzábal indicó que su grupo parlamentario está a favor de combatir la producción ilegal y el comercio de drogas sintéticas, cuyo consumo daña gravemente la salud de los jóvenes, pero presentó algunas reservas con el ánimo de reforzar este ordenamiento. Por su parte, Margarita García García del PT manifestó que se une a la batalla contra producción de drogas ilegales y su distribución, así como a la regulación de sustancias con fines clínicos. Dijo que esta reforma busca regular y no dejar desamparados a los pacientes que usan este y otros narcóticos como parte fundamental de sus tratamientos y cuidados paliativos, para no permitir abusos que lleven a enriquecimientos ilícitos.
Juan Carlos Maturino Manzanera del opositor Partido Acción Nacional (PAN), que votó en contra, anunció que su grupo parlamentario no iba a acompañar el dictamen, porque la reforma planteada no da una solución al uso ilegal y al tráfico ilegal del fentanilo. El PAN se opuso también al dictamen porque en el proyecto no se señala cuáles son los ámbitos de competencia de la Secretaría de Infraestructura y cuáles serán los de la Semar. Maturino Manzanera agregó que la redacción es “confusa y abre la puerta a que la Secretaría de Marina asuma facultades que excedan su competencia”. El diputado planteó la necesidad de reintegrar las funciones del Consejo de Salubridad General a la ley a efecto de que sea ese, en coordinación con la Secretaría de Salud, el responsable de la regulación de los precursores químicos.
