Las autoridades han encontrado a 11 mujeres que llevaban más de tres meses retenidas en un hotel, obligadas a realizar trabajos sexuales y todo tipo de tareas, según la Secretaria de Seguridad Pública de Hidalgo. Las primeras investigaciones apuntan a que las jóvenes, 10 colombianas y una española, fueron engañadas para venir a trabajar a México. Luego las encerraron y las obligaron a trabajar en el hotel. Las víctimas denunciaron que el dueño les robaba su paga y les agredía físicamente. La Organización de las Naciones Unidas registró un alza, entre 2020 y 2021, del 30% en el número de personas que fueron condenadas por el delito de tráfico de personas en México, donde la mayoría de las víctimas son, como ellas, extranjeras y mujeres.
Las primeras pistas llegaron a la policía a través de un reporte anónimo. En él se alertaba sobre dos mujeres que estaban sufriendo agresiones físicas por parte de un hombre que trabajaba en el hotel. Además, refirieron que el hombre las mantenías encerradas en una de las habitaciones. Los agentes de la policía se trasladaron hasta el lugar y hablaron con el agresor, al que identificaron como el gerente. Tras realizar un registro más minucioso, los uniformados encontraron a las 11 mujeres. Hubo dos detenidos, identificados con las iniciales BMD y CETB, de 26 y 30 años de edad, y las jóvenes fueron trasladas a la Fiscalía General de la República para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.
Como estas 11 mujeres, la mayoría de las víctimas de trata en México son migrantes y mujeres. “La mayoría de víctimas identificadas en la región comparten vulnerabilidades como la pobreza, baja o nula escolarización, falta de oportunidades laborales, exclusión y marginación”, explica un informe presentado al Senado de la República y realizado por Hispanics in Philanthropy, una especie de think tank sobre derechos humanos en Latinoamérica. Aunque las diferencias regionales son importantes. El norte del país tiene un alto grado de personas migrantes que fracasan en su intento de cruzar a Estados Unidos. Esto lo convierte en un foco para la trata de personas internacional. Las zonas más turísticas utilizan a estos migrantes para fines de explotación sexual, mientras que las zonas del interior suele estar más enfocado a trabajos forzados, según el informe.
La Organización de las Naciones Unidas registró 128 casos de personas condenadas por el delito de tráfico de personas en México, mientras que el tráfico sexual tuvo un alza del 30% entre 2020 y 2021, y del 67% en el número de víctimas de trata de personas. La Secretaría de Gobernación registró 1.316 víctimas de trata en 2020, mucho menos de lo que registró en 2021: 2.202 víctimas de trata. Las cifras no paran de aumentar en una espiral de violencia difícil de detener.
Una de las cifras más alarmantes es el número de víctimas que escapan del esquema de explotación al que son sometidas por su propio pie, porque ellas o ellos tienen por fin la iniciativa o la oportunidad de avisar a las autoridades, que muchas veces parecen ciegas a este problema. El 41% de las víctimas se salvan de la trata sin la ayuda de las autoridades, asegura el informe de la ONU. Solo un 28% fueron rescatadas por las autoridades, y el 11% restante fue rescatada por la comunidad.
El problema de trata va más allá de la explotación sexual. Como se puede en la región del bajío México, la explotación también está enfocada al ámbito puramente laboral. El informe del Senado de la República detectó que en la región de San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit y Jalisco, las víctimas suelen ser empleadas en trabajos en los campos agrícolas o en la tala de árboles en Querétaro. La región central, que comprende el Estado de México, Guerrero, Veracruz y Jalisco, las víctimas también acaban realizando trabajos forzados, sobre todo en la construcción y la realización de trabajos textiles. La pobreza y la marginación del sur del país condena a su población a caer en las garras del crimen organizado y el trabajo forzado.
La conclusión del informe del Senado es demoledora: “Resultaron evidentes los escasos esfuerzos en los Estados, tanto en la protección de las víctimas como en la persecución del delito y las acciones preventivas. Aunado a esto, las acciones existentes suelen carecer de una perspectiva de género, lo cual no permite un abordaje y una atención adecuada frente a la trata de personas”.
