Si el Senado no designa al menos un comisionado antes del próximo sábado 1 de abril, su pleno no podrá sesionar y aunque, no cerrará sus puertas, cuando una dependencia de gobierno se niegue a entregar información solicitada por algún ciudadano y este recurra a esa institución para obligarlo a acceder a su solicitud, no podrá emitir una resolución. Comenzaría a acumular semanalmente un promedio de 484 asuntos sin resolver.
El próximo 1 de abril, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) podría caer en una situación de inoperancia sustantiva o de pasmo, ante la imposibilidad de que su pleno sesione, ante la falta del número de comisionados necesarios para conformar quorum.
Eso quiere decir que, si bien, esa institución no cerrará sus puertas, cuando ocurra que una dependencia de gobierno se niegue a entregar información solicitada por algún ciudadano y este recurra a esa institución, para obligarlo a acceder a su solicitud, no podrá emitir una resolución.
En 2017 recibió 7,041 medios de impugnación; en 2022 fueron 26,153
Las cifras de asuntos atendidos el año pasado dan una idea del trabajo que quedaría suspendido. En 2022 recibió 26,153 medios de impugnación interpuestos por ciudadanos ante la negativa de acceso a información pública o bien inconformidades en asuntos relacionados con datos personales.
Eso quiere decir que, en promedio, cada semana recibió 502 asuntos.
Los registros del instituto muestran que, en 2022, el Pleno resolvió 25,310 (un promedio de 484 asuntos a la semana); en 2021 fueron 19,333 y en 2019 los comisionados votaron 19,751 asuntos.
Si en lo que resta de 2023 se mantiene el ritmo de solicitudes de intervención de ese organismo mostrado el año pasado, cada semana, con un pleno sin el número necesario de comisionados para sesionar, tendría un número similar de casos acumulándose.
El acumulado desde 2003, al cierre del informe de 2023, registra poca más de dos millones 818,000 solicitudes ingresadas a los sujetos obligados de orden federal.
Lo delicado del asunto es que el riesgo de parálisis se da en un momento en el que ocurre un crecimiento en el número de casos de negativa de acceso a la información que se convierten en recursos de Revisión en materia de Acceso a la Información (RDA), relacionados con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; de Revisión en materia de Acceso a la Información (RRA), relacionados con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de Inconformidad en contra de resoluciones de órganos garantes de las entidades federativas (RIA), relacionados con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en ejercicios de la facultad de atracción en materia de Acceso a la Información (RAA), entre otros.
Entre 2019 (el primer año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador) y 2022 (el cuarto año) el número de recursos resueltos por el pleno del Inai se incrementó 20.10%, al pasar de 19,751 a 25,310.
En este año, al 14 de enero, de 6,647 solicitudes de acceso a la información o relacionadas con datos personales, respondieron con inexistencia de la información solicitada 224; con que la información no corresponde al marco de la ley 10 y con una negativa por ser reservada o confidencial 105.
Durante los primeros cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 667 solicitudes de acceso a información pública recibieron como respuesta que la información solicitada está “reservada” por causa de seguridad nacional.
Por otra parte, hay que tomar en cuenta que, ante la falta de comisionados, los asuntos que van llegando a través de la Plataforma Nacional de Transparencia se reparten entre los que están.
Desde hace un año opera ya sin dos comisionados
El Pleno es el órgano máximo de dirección del Inai y se integra por siete Comisionados designados por el Senado de la República y sesiona periódicamente, generalmente una vez por semana.
Su facultad es resolver, ya sea confirmando, revocando o modificando, mediante votación, los recursos de revisión que las personas interpongan en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.
Además, es la instancia que se encarga de proponer sanciones a quienes no cumplan con sus resoluciones, e interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes y tratados que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.
También son su responsabilidad expedir lineamientos y criterios que regulen la organización y funcionamiento administrativo del Instituto; expedir lineamientos y criterios en materia de clasificación de la información que provenga del gobierno y de otras organizaciones e instituciones que reciben y ejercen recursos públicos.
Además, expedir lineamientos y criterios que regulen la protección de datos personales; mejorar y vigilar el cumplimiento de las leyes en temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
