Todos tenemos la obligación de combatirlo por todos los frentes posibles. Uno de los apagafuegos que, desde la economía, ha comenzado a sonar con mayor fuerza son los créditos de carbono.
En semanas anteriores el grupo Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) compartió un reporte evaluando los impactos del cambio climático a partir de modelos matemáticos actualizados, concluyendo que tenemos menos tiempo del que creíamos para asegurar un futuro en el cual tengamos cabida. Esto significa que nuestros acuerdos y protocolos actuales podrían no ser suficientes.
En el imaginario colectivo existe un malentendido que se debe de aclarar. Desde el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París se cree que una vez cumplidos los convenios se logrará frenar el incremento de temperatura a nivel global a 1.5 grados Celsius, bajo el entendido que un incremento mayor a esto representará un punto de inflexión en la lucha climática.
Pero, incluso, en un escenario hipotético donde las emisiones se redujeran a cero a nivel mundial, las emisiones ya efectuadas hasta la fecha seguirán generando estragos, incrementando temperaturas, subiendo el nivel del mar y propulsando el cambio climático, dado que las emisiones de gases efectuadas hasta la fecha seguirán ahí, pues, con base en estudios recientes el CO2 puede durar un aproximado de 100 años en la atmosfera.
Además, el reporte mencionado halló que un incremento de 0.5 grados bastaría para generar mayor pobreza alimentaria, oleadas de calor, pérdidas de hábitats, inundaciones y pérdidas de flora y fauna irremediables. Es decir, cada incremento de emisiones y de temperatura, por más mínimo que sea, no genera daños aislados y simples, sino que tiene efectos acumulativos de manera exponencial.
El meollo del asunto es que el calentamiento global requiere de soluciones globales, pero se está tratando de manera individual y local. A pesar de los acuerdos internacionales que se realicen, cada país actúa por responsabilidad propia en la reducción de emisiones de CO2: unos pisan más el acelerador mientras que otros hacen esfuerzos mínimos o nulos.
Para el caso mexicano se han realizado esfuerzos. Desde el lado gubernamental y privado se han emitido bonos verdes. Un ejemplo son los bonos verdes emitidos por la Ciudad de México desde el 2016, donde los fondos de dichos bonos estuvieron orientados exclusivamente al financiamiento y desarrollo de proyectos verdes. No obstante, se requiere más.
Hay esfuerzos regulatorios y financieros que buscan generar los incentivos necesarios para coordinar las acciones de gobiernos y empresas.
Destaca el caso de mercados que buscan ponerle precio a aquellas emisiones efectuadas, como es el caso de los sistemas de comercio de emisiones (SCE) y los mercados voluntarios de carbono (MVC).
Mientras que en los SCE los gobiernos fijan límites a las emisiones de las empresas y les permite, a éstas comprar o vender derechos de emisiones, según si emitieron por arriba o por debajo de su límite, en los MVC se compran y venden créditos de carbono, instrumentos comerciados entre entidades que deseen compensar sus emisiones, donde los créditos representan toneladas de CO2 que se redujeron o eliminaron tras el desarrollo de un proyecto.
México no cuenta con un SCE como tal, aunque en enero de 2020 se implementó un programa piloto, el cual finalizó en enero de 2023. Los resultados de este no se han publicado por lo que se desconoce su efectividad, pero la Semarnat en teoría deberá desplegar el SCE en su fase operativa este año, donde se definirán las sanciones económicas que se pondrán al incumplimiento de emisiones.
Por el momento contamos con el MVC. Éste no es nuevo, pero en nuestro país no se ha utilizado ampliamente. Mientras que en Estados Unidos los créditos de carbono emitidos entre 2018 a 2022 suman 146.7 millones de créditos, equivalente a 146.7 millones de toneladas mitigadas de CO2, en México durante ese mismo periodo sólo se han emitido 3.1 millones de créditos, que equivale a 3.1 millones de toneladas de CO2 mitigadas, a pesar de que México en 2021 tuvo 418 millones de toneladas de emisiones fósiles de CO2.
Pero como se ha planteado antes, hace falta una regulación en la cual exista un incentivo o castigo para aquellas empresas que emitan CO2 por niveles superiores a los permitidos. Quedamos a la espera de la implementación del SCE. Sin embargo, México, en lugar de quedarse atado de manos, podría acelerar la generación de créditos de carbono en su territorio con proyectos de reforestación, agricultura, manejo de desperdicios, eficiencia energética, entre otros.
